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No son solo los ERE: la sombra de la corrupción socialista planea en Asturias, Valencia o Galicia

No son solo los ERE: la sombra de la corrupción



Una década y 3.200 millones de euros después, el caso ERE tiene sentencia. El fallo condena al expresidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de cárcel y a Manuel Chaves, que ostentó el mismo cargo durante casi dos décadas a nueve años de inhabilitación de cargo público. La sentencia pone punto y final al mayor caso de corrupción en Andalucía, y en la diana al Partido Socialista. Pero no es el único. Condenados en el pasado por terrorismo de Estado -con los GAL- y por financiación ilegal en el caso Filesa, un entramado para sufragar de forma irregular gastos derivados de la campaña electoral de 1989 y que ascendió a más de 1.200 millones de las antiguas pesetas.
Asturias: caso Marea, cinco condenados en prisión
Por los ERE, varios ex alto cargos socialistas pasarán por la cárcel. Algo que ya ha ocurrido, sin embargo, en otra comunidad autónoma: Asturias. Hace apenas un mes, en octubre de este mismo año, los imputados por el caso Marea entraron en prisión. Ocho años después de su detención, los cinco principales condenados por esta trama, la mayor registrada en la administración asturiana, duermen en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses. Son el exconsejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. También la exfuncionaria del Principado Marta Renedo.
Este caso se destapó cuando una mujer denunció en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre. La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.
La Comunidad Valenciana, en el punto de mira
En la Comunidad Valenciana, el hermano de Ximo Puig, actual presidente de la región y líder del PSOE, fue imputado por las subvenciones que recibió de la Generalitat a sus medios. El pasado mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia citó a declarar en calidad de investigados a Francis Puig, hermano Ximo Puig, y a Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, para el próximo 10 de diciembre.
La causa se abrió tras una querella interpuesta el pasado marzo por la número dos del PPCV, Eva Ortiz, por los posibles delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y malversación por las ayudas públicas otorgadas a Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, dos empresas que administra el hermano de Puig, informaba Rosana B. Crespo. El fraude fiscal podría haber sido cometido por Francis Puig y la malversación y la prevaricación por Trenzano.
También está bajo sospecha otra operación del Gobierno socialista en esta región: las desaladoras de la trama de Acuamed. La causa investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados, las denominadas «mordidas», para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014. Una trama que, además de las obras, implicó contratos de publicidad que financiaron las compañías adjudicatarias de varias desaladoras a favor de los socialistas, y a escasos meses de las elecciones generales de 2008, así como la millonaria comisión que también por esa época habría cobrado el director general de Acuamed para que OHL se hiciera con una de esas plantas en Almería, tal y como ha informado ABC. Todo ello con Cristina Narbona, actual presidental del PSOE, al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Un caso por el que la socialista ya compareció en el Senado para dar explicaciones.
Galicia, dimisiones forzadas y juicios
En Galicia, la «Operación Pulpo», que investigaba el uso de fondos europeos en la Diputación de Lugo señaló al líder de los socialistas José Ramón Gómez Besteiro, que fue imputado por seis delitos en el año 2016. La imputación, que se sumaba a las anteriores en la «Operación Garañón», relacionada con una recalificación urbanística en la ciudad de Lugo en su etapa de concejal, causó su dimisión forzada desde Ferraz. El caso terminó con sus aspiraciones de ser candidato socialista a la Xunta.
En la actualidad, Besteiro continúa batallando aunque ninguno de los juicios tiene aún fecha, si bien el caso Garañón sí ha finalizado su fase de instrucción. Son dos instrucciones rodeadas por la polémica juez De Lara, cuyos modos de instrucción son controvertidos y que acaba de ser sancionada por el CGPJ con siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención.
Su antecesor, Manuel Vázquez, más conocido, como Pachi Vázquez, será juzgado por supuesta prevaricación en contrataciones irregulares de personal durante los años que fue alcalde de O Carballiño. Al ex secretario general del PSdeG se le acusa de realizar hasta 60 contratos en el consistorio sin atender los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.



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Author : (S.E.)

Publish date : 2019-11-19 16:17:54

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