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Ayudar a Colombia a compartir la responsabilidad de los migrantes venezolanos

Ayudar a Colombia a compartir la responsabilidad de los migrantes venezolanos



Colombia es líder en la crisis en Venezuela. Recientemente, dio estatus legal de protección temporal (TPS) a aproximadamente 1.8 millones de venezolanos residentes en Colombia. Aunque esta decisión ha sido elogiada por la comunidad internacional y por la administración de Biden como ejemplo a seguir para otros países, simplemente aplaudir la decisión del presidente Duque dista mucho de ser suficiente. Para lograr la visión de la nueva política, es necesario aumentar la asistencia financiera y política internacional a Colombia.

Colombia sigue buscando superar un conflicto interno que se ha extendido por décadas y, en este marco, la decisión de otorgar el TPS no fue ni fácil ni políticamente popular. Colombia enfrenta sus propios desafíos en la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y el fomento de un desarrollo más inclusivo y sostenible. Las tensiones políticas por la crisis venezolana aumentan simultáneamente, y un 67% de los colombianos tiene una visión negativa de los inmigrantes. Sin embargo, en cierto modo, Colombia está devolviendo el favor: Venezuela ha acogido desde hace mucho tiempo a emigrantes colombianos que huían del conflicto armado.

Aunque Colombia ya atravesó un cambio radical, no puede manejar la crisis migratoria venezolana ni consolidar la paz sin ayuda de otros países. Ahora, más que nunca, Colombia necesita el apoyo de sus vecinos, de los Estados Unidos, y del resto del mundo.

El cambio radical de Colombia
Hace apenas 20 años, Colombia se consideraba casi un estado fracasado. Los grupos insurgentes y paramilitares aterrorizaron al país, con terribles ataques a civiles y miembros de grupos armados. A comienzos del siglo XXI, los grupos paramilitares se habían consolidado bajo el mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con 15.000 miembros, solo podían seguir creciendo. Además de la imposibilidad de brindar seguridad, el gobierno también tuvo que lidiar con una economía estancada, el fortalecimiento del comercio ilícito de drogas y la cesión del control estatal.

El presidente Clinton y el Congreso de los Estados Unidos reconocieron el peligro de una Colombia desestabilizada y promovieron la acción bipartidista a través del Plan Colombia. Aunque inicialmente se centró en reducir a la mitad el tráfico de drogas, este programa de $10 mil millones pronto se centró en mejorar la seguridad general con la dirección del presidente colombiano Álvaro Uribe y el presidente Bush. Mediante la inversión en las fuerzas de seguridad y el ejército, el Plan Colombia ayudó a disminuir drásticamente la cantidad oficial de miembros, homicidios y secuestros de las FARC para 2008.

A medida que las FARC se debilitaban, el gobierno colombiano vio una oportunidad para poner fin más seriamente al prolongado conflicto en 2016. Para incentivar una resolución, el presidente Obama anunció Peace Colombia, un plan para aumentar la asistencia de Estados Unidos a $450 millones, supeditado a un acuerdo. Apenas unos meses después, se aprobó el Acuerdo Final de Paz después de que una versión anterior fracasara por muy poco en un referéndum público.

El largo camino hacia la paz
Desde 2003, los homicidios intencionales por cada 100.000 personas se han reducido a menos de la mitad, y la pobreza extrema ha disminuido en más del 60%. Después del acuerdo de paz, 13.000 combatientes oficialmente depusieron sus armas. Colombia también ha demostrado su estabilidad al unirse a la OCDE, el club más exclusivo del mundo de democracias de libre mercado.

Sin embargo, los desafíos nuevos y antiguos amenazan con desbaratar la tenue paz. La producción de coca se encuentra en un máximo histórico, con un cultivo que asciende a alrededor de 524.000 acres. Esto no sorprende, ya que muchos de los que solían ser rebeldes están desilusionados con las promesas económicas incumplidas y han vuelto a viejos hábitos a causa de la desesperación. Los ataques terroristas casi se han duplicado de 2019 a 2020, los asesinatos de rebeldes desmovilizados están aumentando y los ‘líderes sociales’ (activistas) están siendo atacados. Naturalmente, muchas de estas cuestiones se ven exacerbadas por causas estructurales de la fragilidad, como la pobreza, que pueden tardar mucho más en atravesar un cambio sustancial.

El gobierno también debe lidiar con las conclusiones del proceso de aclaración de la verdad y reconciliación. Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional, publicó un informe sobre 6.402 ‘falsos positivos’, asesinatos de jóvenes, a menudo hombres civiles pobres, en manos de las fuerzas colombianas entre 2002 y 2008. En vista de las masivas protestas de 2019, es necesario que el gobierno aborde dichas conclusiones para lograr la paz a largo plazo.

Para complicar aún más las cosas, hay informes que indican que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su régimen han apoyado a las FARC, y esto prolongó su terror y resistencia dentro de Colombia. El presidente Duque ha hablado de una filtración de documentos de inteligencia venezolanos en los que se proporcionan evidencia de que Maduro está acogiendo a rebeldes colombianos, y en mayo pasado, Estados Unidos acusó a Maduro, a miembros de las FARC y a otros funcionarios venezolanos de ‘narcoterrorismo’.

La migración de Venezuela a Colombia
La crisis migratoria venezolana es la segunda más grande después de la de Siria, pero recibió sólo el 6.7% de la ayuda proporcionada a Siria en 2020. La crisis no muestra signos de terminar. Al menos 5.4 millones de venezolanos han huido, y se espera que este número alcance los 7 millones en 2021, según la OEA.

Colombia acoge a casi el 40% de los inmigrantes venezolanos que viven en América Latina. Los inmigrantes venezolanos en Colombia viven principalmente junto a residentes colombianos en pueblos, ciudades o asentamientos suburbanos en las afueras. Trabajan principalmente en el sector informal con limitaciones en la protección y el acceso a los servicios.

Un millón de venezolanos que vivían en Colombia tampoco tuvieron protección legal hasta febrero de 2021, cuando el presidente Duque extendió el estado de protección temporal a todos los inmigrantes venezolanos. Esta política proporcionará una vía hacia la residencia después de 10 años y se basará en las políticas migratorias preexistentes, relativamente expansivas, de Colombia, que incluyen el acceso a la atención de salud, educación y ciudadanía por nacimiento para los nacidos después de 2015.

Aunque el TPS es difícil de ‘vender’ políticamente, para Colombia será un beneficio integrar mejor a los inmigrantes venezolanos. Estos inmigrantes tienden a tener un nivel de educación más alto, y una fuerza de trabajo mayor con niveles superiores de capital humano podría ayudar a la economía colombiana a crecer más rápido, particularmente después de la pandemia.

Los aplausos no son suficientes
Estados Unidos deberá elevar el caso de Colombia como una prioridad para la estabilización y la asistencia internacional en los próximos meses. La administración de Biden podría crear un nuevo marco de asistencia estadounidense que apoye a los emigrantes venezolanos e implementar acuerdos de paz, posiblemente mediante el establecimiento de un programa de creación de empleo que capacite y emplee a venezolanos en la sustitución de cultivos u otros aspectos de la implementación de la paz.

Estados Unidos también debe promover el apoyo de otros donantes internacionales, como los europeos, y construir asistencia internacional para Colombia en los bancos multilaterales de desarrollo. La administración debe utilizar su poder como el principal accionista para conseguir una mayor participación del Banco Mundial en Colombia. A nivel regional, el presidente Biden deberá trabajar más con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y convencer al Congreso para que apoye un aumento de capital del BID. Mientras que el actual proyecto de ley se centra en temas ambientales y preparación para catástrofes, Biden debería presionar a sus contactos en Colombia y en el BID para asignar mayores recursos tanto para apoyar a los emigrantes venezolanos como a reintegrar a los colombianos que han caído en la economía ilícita y que sienten el abandono del estado.

La audaz política y el liderazgo de Colombia sobre la crisis en Venezuela deben ser acompañarse con la ayuda de los socios de todo el mundo para continuar el largo camino hacia la paz y la prosperidad, y es hora de que los legisladores estadounidenses y la comunidad internacional se involucren. Considerando los intereses de Estados Unidos en una América Latina estable, asociarse con Colombia no puede quedar en segundo plano. Se necesitan recursos suficientes y voluntad política antes de que sea demasiado tarde.

*Daniel F. Runde es vicepresidente senior, director del Proyecto de Prosperidad y Desarrollo y ocupa la Cátedra William A. Schreyer de Análisis Global en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C.



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Author : (abc)

Publish date : 2021-04-16 23:35:55

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Tags : ABC.es

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