Félix Rodríguez de la Fuente se pasó años volviendo al Barranco de Río Dulce a filmar las primeras aves que España vio por televisión. Es uno de esos santuarios para los amantes de las rapaces, pero los buitres leonados, águilas reales y halcones peregrinos que habitan este parque natural de Guadalajara pronto verán cómo se instalan enormes molinos de viento en sus inmediaciones. « ¿De verdad no había otro sitio? », es la pregunta que personas como David Almonacid, vecino y miembro de la Asociación Dalma, no pueden dejar de hacerse semanas después de conocerse que el proyecto eólico de El Castillar ha recibido luz verde por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El esfuerzo por conservar la biodiversidad y el trabajo de décadas podrían irse al traste por lo que Almonacid llama «la mercantilización del cambio climátic o » y augura que dentro de un tiempo lamentaremos las prisas y la falta de planificación del presente. Quizá este es uno de los casos más flagrantes, pero en varias comunidades autónomas cunde el descontento después de aprobarse un real decreto por el que el Gobierno exime de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de energías renovables, independientemente de su tamaño. Se elimina la fase de información pública y consultas ya que, con esta ‘vía exprés’, Teresa Ribera pretende convertir España en la batería de Europ a . Pero ciudadanos de todo el país ya hablan de «colonialismo extractivo», con centenares de proyectos eólicos y fotovoltaicos en marcha, en un territorio con condiciones climáticas (sol, viento y kilómetros de costa) que favorecen la generación de energía. Berta y Natalia forman parte de una plataforma en Guadalajara, provincia muy castigada por la eólica, que se resisten a aceptar la nueva medida del Ejecutivo BELÉN DÍAZ El pasado 9 de enero, la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental , que integran más de cien profesionales del ámbito científico y más de cuarenta empresas -entre ellas universidades, promotoras energéticas o consultoras medioambientales- emitió un comunicado expresando su descontento ante una nueva norma que pretende «agilizar» la tramitación de estos proyectos . En un contexto de crisis energética , este decreto forma parte del paquete de medidas adoptadas por el Ejecutivo «en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania ». Pero los vecinos de los terrenos en los que se instalarán molinos de más de 200 metros de altura, no entienden por qué tienen ellos que pagar el capricho de Putin. Noticia Relacionada estandar No Más de la mitad de los parques eólicos que caducan el 24 de enero aún siguen sin los permisos necesarios Natalia Sequeiro La conselleira de Medio Ambiente explica que la Xunta ha resuelto 64 de las 140 declaraciones ambientales pendientes, de ellas el 70% han sido positivas «Nadie se está oponiendo a las energías renovables, pero sin un informe de evaluación medioambiental se elimina la salvaguarda a nuestros paisajes », indica Delfín Martín , portavoz de Otra vez no en Sayago , una plataforma que está tratando de frenar la construcción de 66 aerogeneradores en esta comarca de Zamora en la que viven 8.000 personas. «Los proyectos se instalarán en zonas prácticamente deshabitadas. Pero esos molinos de viento nos terminarán expulsando» Delfín Martín plataforma Otra Vez No en Sayago Para Martín, el rechazo se ha generalizado y aunque en cada comunidad el problema tenga matices, las notas son coincidentes. En su opinión, se trabaja con varios mantras que han resultado ser falsos: el del desarrollo sostenible, los beneficios para el empleo local y los ingresos: «La energía genera desarrollo donde se consume, no donde se produce », dice. Y añade que el principal drama, más allá del problema medioambiental que provocan estos parques, es que acelerarán la despoblación : «Por lo general, los proyectos se instalarán en zonas que se encuentran prácticamente deshabitadas. El ministerio solo habla de energía, pero no del impacto demográfico . Esos molinos de viento nos terminarán expulsando, porque perjudican las pocas alternativas que quedan aquí para subsistir: la ganadería y el turismo», expresa este vecino de Zamora. Desiertos laborales Desde Otra vez no en Sayago también sostienen que a la población se le hizo creer mentiras durante mucho tiempo: «La promotora encargada de la construcción de estos parques eólicos nos aseguró que se iban a crear 300 empleos directos en dos años, pero las empresas, como en nuestro caso, muchas veces vienen de fuera. Llegan, construyen y se van , creando verdaderos desiertos laborales». Delfín, vecino de Sayago (Zamora) lamenta que el parque acabará con la población de la comarca MARIAM MONTESINOS Bermillo es el pueblo de esta comarca castellana al que más afectará el proyecto eólico, pues 59 de los 66 molinos se construirán a menos de un kilómetro y medio de las casas de los vecinos. «En Bermillo el convenio al que se llegó era ilegal, así que hubo que modificar varios puntos retrasando la idea primigenia de la empresa, que era terminar el parque para 2024. Pero con la nueva normativa todo esto dejaría de ser un problema ». El mar, fuera del decreto El polémico decreto de Ribera, sin embargo, no se aplicará a los proyectos que vayan a instalarse en el mar , que llegarán pero que de momento se salvan porque la energía eólica marina no cuenta aún con una normativa específica. Esto no ha impedido que en lugares como Galicia, Andalucía o Cataluña ya se estén preparando varios parques que utilizan esta tecnología. Sea en el mar o a nivel terrestre, la historia se repite. De ahí que la indignación haya ido a más también en el Ampurdán gerundense. La irrupción de gigantescos molinos amenaza el ‘skyline’ del golfo de Rosas y el Cap de Creus y la zona, profundamente vinculada al mar y con espectaculares playas, ve cómo sopla el viento a favor para que estos planes puedan llegar a ser una realidad. «Estamos hablando de un megaproyecto que no se ha visto nunca en estas latitudes», comenta Jordi Ponjoan, portavoz de la plataforma Stop al Macroparc Eòlic Marí, que recuerda que Parc Tramuntana, el proyecto que puede acabar instalándose en la parte alta de la Costa Brava, afectará directamente a tres parques naturales y 25 municipios. Los que se oponen inciden en que, por ejemplo, en el mar del Norte estos molinos marinos son habituales, pero allí están a unos 70 o 80 kilómetros de la costa. « Aquí los proponen a 14 kilómetros de Cadaqués, las islas Medas o Begur», critica Ponjoan. Teme por el cambio de imagen de una zona considerada bucólica. «La bahía, una de las más bonitas del mundo, pasará a la historia si se colocan allí torres aerogeneradoras. Se acabará el Ampurdán. Vendrán ruido, vibraciones y ondas electromagnéticas que distorsionarán toda la zona», lamenta. España, de hecho, está ultimando una nueva ley para que los aerogeneradores puedan implantarse de manera ordenada en el mar y queden equilibrados con los otros usos marinos, recuerdan a ABC desde el Ministerio de Transición Ecológica. Sus cuestiones técnicas previas van acabándose: en diciembre se publicó en el BOE la declaración ambiental estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que en cuestión de semanas tienen que aprobarse definitivamente. Los POEM se esperan como agua de mayo, ya que incluirán la cartografía cotejada con los puntos del mar en los que podrán instalarse molinos. Pero la ciudadanía ya ha empezado a reacciona r : en el Ampurdán hace años que protestan por ello y el próximo martes presentarán un manifiesto para pedir al Gobierno que no apruebe ningún proyecto «sin consenso social». De momento ya hay quienes vislumbran algo más lejos los aerogeneradores porque la declaración ambiental recientemente conocida ha eliminado parte de las localizaciones en las que inicialmente podrían haberse instalado: la zona frente al Cabo de Gata (en Níjar, Almería), Sa Mesquida (en Baleares) y la zona sur de Gran Canaria, por ejemplo, no podrán albergar estos proyectos marinos, alegando incompatibilidades relacionadas respectivamente con la pesca de arrastre, los usos turísticos y la afectación a la pardela balear, la única ave marina endémica de Europa. «Festín eólico» Las críticas por el desequilibrio territorial que pueda dejar esta cartografía de la eólica marina parecen aseguradas. Cataluña está acostumbrada a este debate sobre el peso energético que aguanta cada provincia. Muchos vecinos de Gerona han alzado su voz contra el Parc Tramuntana y otros proyectos no marinos, como desde hace décadas lo hace Tarragona que, con diferencia, es la demarcación catalana que más molinos d e viento acumula. Las comarcas tarraconenses de la Tierra Alta y el Bajo Ebro ostentan el récord de aerogeneradores y estrenan en breve otros dos nuevos parques eólicos, en este caso en los pueblos vitivinícolas de Batea y Villalba de los arcos. Con un gran impacto paisajístico, se habla de «festín eólico» por la cantidad de proyectos que amenazan sus bosques. También saben bien lo que es el desequilibrio en el reparto de parques en la comarca de Oscos-Eo , en la parte más occidental de Asturias . Allí lamentan que un tercio de los molinos eólicos que están en tramitación en la comunidad vayan a construirse en esta zona en la que viven unas 9.000 personas y que además es Reserva de la Biosfera. Ahora mismo ya están operativos 96 aerogeneradores, pero si se llegan a construir todos los que están previstos, habría un mapa final de 180. «No podemos quedarnos en la disyuntiva de seguridad energética o protección de la biosfera, porque ambas deberían ir de la mano. La nueva norma despliega una alfombra roja a los proyecto s , sin tener en consideración la parte ambiental, es una hoja de ruta perfecta para autoextinguirse», opina Carmen Molejón, portavoz de la plataforma Xente de Oscos-Eo. Carmen Molejón, de Oscos-Eo, se dirige a varias personas en una concentración el pasado tres de diciembre ABC La «lotería de la eólica» Algo más al oeste, ya en Galicia, también se percibe la irritación. La pesadilla para los vecinos de la parroquia de San Vicente de Fervenzas empezó unos meses antes de la pandemia. Aranza González, secretaria del monte comunal de la zona y portavoz de la plataforma Aire Limpio Mandeo, explica que durante mucho tiempo se hablaba de la «lotería de la eólica». En sus palabras, al principio los pueblos entendían que era dinero fácil y estaban a favor, pero siempre terminaba quedándose en nada. «Nos ofrecieron la construcción de nueve molinos. Tuvimos buena fe y pecamos de pardillos . Nos dijeron que nos darían 70.000 euros para la parroquia», resume. Entonces llegó la pandemia, se paralizó todo y a las 200 personas censadas en San Vicente de Fervenzas les dio tiempo a informarse: tras el informe de impacto ambiental y gracias a las alegaciones que presentaron, consiguieron paralizar la construcción de los nueve molinos. «Nos ofrecieron la construcción de nueve molinos. Tuvimos buena fe y pecamos de pardillos», expresa Aranza González, en la imagen MIGUEL MUÑIZ Sin embargo, con la nueva normalidad los proyectos se reactivaron. «Entonces descubrimos que además de los nueve molinos que nos habían contado, estaba planificado construir otros diez». Con el nuevo decreto, no será posible presentar alegaciones por lo que ahora los parques se aprobarán con « silencio administrativo », lamenta González, que recuerda que será suficiente con los informes que elabore la propia promotora. En este rincón de Galicia temen la puesta en marcha de dos parques eólicos, con un total de 40 aerogeneradores, de los cuales dos ya han recibido el visto bueno para su construcción. El ruido de las aspas se cuela incluso en las relaciones personales . La última de las contrapartidas que sufren todos estos lugares es el enfrentamiento entre los propios vecinos. Las riñas rurales a costa de las renovables han saltado incluso a la ficción en la última película de Rodrigo Sorogoyen ‘As Bestas’, que está inspirada en un suceso ocurrido en 2010 en una aldea, también en Galicia. Una compañía energética prometió a las únicas dos familias que habitaban Santoalla 6.000 euros por cada uno de los 25 molinos eólicos que querían instalar en el pueblo. Y ahí empezó el culebrón. Martín, de nacionalidad holandesa, se negó a la propuesta y eso enemistó a los vecinos. Uno de los hijos de la familia que sí quería aceptar el dinero apretó el gatillo de su escopeta asesinando al holandés una mañana de enero. Entonces, al menos, los vecinos podían presentar alegaciones al informe de evaluación ambiental .
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Author : (abc)
Publish date : 2023-01-15 03:59:11
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